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Plan de desarme: un año frenado por falta de voluntad política

A más de un año del vencimiento de la última prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, la Red Argentina para el Desarme (RAD) denunció públicamente que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) sigue sin implementar el plan de desarme, generando una inaceptable demora en el cumplimiento de la ley.

En tanto, el bloque del FpV-PJ denunció a funcionarios del Gobierno nacional por la presunta comisión de delitos en el marco de una posible compra por más de u$s 2.000 millones de armamento de uso bélico a Estados Unidos. Se sospecha que el destino del material es el de combatir al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, algo que está prohibido por la ley de seguridad interior.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi. Los diputados se preguntan por qué “el Gobierno está realizando la mayor compra de armas de la historia”. La denuncia es consecuencia de un informe que trasmitió el canal C5N el pasado domingo 26, en la que reveló con datos fidedignos los planes secretos del gobierno nacional.

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El programa de entrega voluntaria, creado hace más de diez años en el marco de la declaración de emergencia en materia de armas de fuego y prorrogado en numerosas oportunidades, se encuentra actualmente paralizado desde el vencimiento de su última renovación, producido en diciembre del 2015. A partir de ese momento, un triste derrotero de desinterés por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Nacional ha llevado a perder más de un año de vigencia del plan. El Congreso demoró 9 meses en sancionar la ley que estableció su prórroga hasta diciembre del 2017, mientras que el Ejecutivo se tomó casi un mes para promulgarla y, finalmente, la ANMaC lleva más de 6 meses sin implementarla.

Resulta llamativa esta inacción, que contradice las promesas realizadas en público por las autoridades de la Agencia, quienes aseguraban que la “modernización” del sistema de entrega los obligaba a postergar la entrada en vigencia del plan hasta el mes de marzo de este año. Lo cierto es que con marzo a punto de finalizar, el programa sigue inactivo y sin señales concretas de reactivación.

En ese sentido, la RAD argumentó que las demoras y violaciones de las leyes parecen ser la marca registrada de esta gestión, teniendo en cuenta la situación de la Ley 27.192 que en octubre de 2015 creó la ANMaC. Pese a que la norma obliga a dotar al organismo de presupuesto propio, el financiamiento de la Agencia sigue dependiendo de la venta de formularios a los usuarios de armas. Situaciones que, de tan repetidas, demuestran que lo que en un principio parecía incapacidad de gestión es en realidad algo mucho más preocupante: falta de voluntad política para llevar adelante los cambios prometidos.

La Red expresó el desinterés en seguir adelante con una exitosa política pública, que logró la entrega de más de 175 mil armas de fuego y fue premiada por las propias Naciones Unidas en el año 2013 por su enorme valor para cumplir con los objetivos de controlar la proliferación de armas de fuego y prevenir riesgos relacionados.

Cada arma que la ANMaC dejó de recibir es una posibilidad más de lesiones o muertes en la sociedad. Mientras el Estado sigue desoyendo su responsabilidad de disminuir el circulante de armas de fuego, las mismas causan 8 muertes por día. Frente a este panorama, resulta inaceptable que las autoridades sigan sin aplicar un plan que podría haber evitado muchas de esas pérdidas.

philo

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