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Arslanian: “Las universidades son claves en las políticas de seguridad”

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foro-universidad-municipios008Su sola trayectoria muestra que la cuestión de la seguridad o la justicia o los Derechos Humanos no puede simplificarse, no es solo una cuestión de leyes, de administración de Justicia, de políticas de gobierno, de reclamos y participación civil, sino que compromete a todos los poderes del Estado a la vez, la participación de todos y también nuestro aporte, el compromiso de los ámbitos académicos”. Con estas palabras, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) presentó la ponencia de León Arslanian, al resaltar la trayectoria del abogado no solo en el ámbito judicial y en la función pública sino también en la academia y en organismos de la sociedad civil. En forma previa a su exposición, en el marco del foro la universidad y los municipios, Arslanian conversó con Prensa UNGS. Opinó que faltan políticas públicas en materia de seguridad y que las universidades pueden cumplir un rol fundamental en el diseño de las  mismas y la formación de las fuerzas.

Si bien la entrevista ocurrió en noviembre de 2016, mantiene vigencia.

– ¿Cómo ve la relación entre las fuerzas de seguridad y la política?

-Una relación compleja, no del todo resuelta todavía. En el orden nacional y con mayor razón en los órdenes provinciales, no se ha terminado de asumir el gobierno de la seguridad y el gobierno de los aparatos policiales, el gobierno de las agencias que le dependen y que integran el sistema penal, como la Agencia Penitenciaria, por ejemplo. En esa medida, yo creo que la relación es complicada y en proceso de, tal vez, alumbrar soluciones.

– ¿Entiende que el manejo de las fuerzas de seguridad ha tomado un gran nivel de autonomía y hay un corrimiento de la política en sí, de los gobiernos?

-Esto es histórico y es el tema que justamente hay que corregir. Hay que terminar con los procesos de autonomización policial y asumir, o reasumir, el gobierno de cada una de estas fuerzas, el diseño y el funcionamiento.

– ¿Qué opina sobre la creación de las policías locales?

-En abstracto, me parece que es el último paso de un proceso de reformas bien estructurado. Se ha hecho precipitadamente en la provincia de Buenos Aires, tal vez, ateniendo más a una demanda popular de ver más policías en la calle. Pero el tema tiene mucha complejidad porque formar un policía demanda mucho tiempo, mucho control en cuanto a su desempeño. Por parte del intendente, la conducción de la Policía es una responsabilidad que demanda también una capacitación previa.

– ¿Le parece que la universidad pública puede jugar un rol importante en la formación de fuerzas de seguridad?

-La universidad fue uno de los ejes en que se basó la reforma que presidí en la provincia de Buenos Aires. Con la ayuda de las casas de estudio, creamos, no solamente carreras afines y necesarias como para capacitar al personal policial sino también les dimos la posibilidad de cursar asignaturas de su currícula en las universidades. De modo que, por ese doble conducto, para nosotros las universidades fueron muy importantes.

foro-universidad-municipios013– ¿Qué resultados obtuvo esa reforma policial que encabezó durante su gestión y cómo evalúa la reforma que intenta llevar adelante el actual gobierno provincial?

-La reforma que yo encaré terminó exitosamente. Lo que sufrió fue una discontinuidad por decisión de quien asumió el gobierno reemplazándolo a Felipe Solá, a partir de diciembre de 2007. Y eso ocurrió porque no existió la voluntad política de persistir en el cambio sino más bien de volver a lo que era la vieja Policía, que entendíamos se había superado.

– ¿Cuánto tiempo considera necesario para que se vean cambios en la estructura de las fuerzas de seguridad?

-Nosotros hicimos toda la reforma en cuatro años o en menos de cuatro años y la reforma es absolutamente recuperable, ya que están las leyes que le dieron vida, están los programas de la academia, están muchos de los policías que pertenecieron a esa fuerza y que tienen experiencia en lo que fue el proceso. Lo que se necesita es una política pública de seguridad, que todavía no la hay, y una decisión política en ese sentido. Veo que el Gobierno de la Provincia está bien intencionado, en el sentido de producir procesos de depuración y encarar una lucha frontal contra todo lo que tiene que ver con la corrupción. Este es un objetivo no menor, pero lo que se requiere también es un plan, una política pública cognoscible que defina cuáles van a ser las misiones, las funciones y demás.

– En el último tiempo, se vienen incrementando las denuncias sobre situaciones represivas en la Provincia y también a nivel nacional.

-El problema de la violencia institucional es un problema que no hay que abandonar. Veo que el Gobierno hasta ahora ha puesto un énfasis muy fuerte en los fenómenos de corrupción pero no tanto en los fenómenos de violencia institucional. Y la violencia institucional está muy asociada al modo en que se viene procesando la demanda social, popular, a través de los medios de comunicación y la forma en que estos impactan en las decisiones de cada uno de los gobiernos. Y la predica permanente es que la Policía carece de facultades suficientes, tienen las manos atadas, lo que da lugar al ejercicio de una violencia institucional que deja saldos graves.

 

Su trayectoria

León Arslanian tiene una larga trayectoria en el ámbito judicial, en la función pública y también en el ámbito académico. Como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integró el Tribunal que llevó adelante el Juicio Oral y Público a las Juntas Militares por la violación de Derechos Humanos.

En la función pública, se desempeñó en cargos ejecutivos: fue ministro de Justicia de la Nación, presidente del Instituto de Política Criminal y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Justicia y Seguridad en la provincia de Buenos Aires (1998/1999 y 2004/2007).

Desde 1977 hasta 1999, Arslanian fue profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es autor de varios libros sobre temas de seguridad.

Además, fue veedor internacional en el juicio llevado a cabo para juzgar la responsabilidad del ex Presidente de Perú, Alberto Fujimori (2008), coordinó la Comisión Asesora para la Reforma Penal (2001-2004) y fue miembro de la Comisión Redactora del Ante-Proyecto de Reforma del Código Penal (2014).

Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. También es co-fundador del Acuerdo para la Seguridad Democrática, junto con el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y con ONG’s y diferentes partidos políticos (diciembre de 2009). Es Autor del anteproyecto de creación del Observatorio Nacional del Delito y la Violencia (2010). Presidente de la Fundación “Por Nuestros Hijos”, dedicada a la investigación criminológica y el conflicto social (desde 1989), director del Portal de Seguridad (www.portalseguridad.org) (desde 2010) y del Instituto Argentino de Políticas Públicas en Seguridad (2011).

Entre sus trabajos legislativos se encuentran: la ley orgánica para la Justicia Penal; la ley de implementación para la puesta en funcionamiento del juicio oral; la ley de reformas al Código Penal implementando la suspensión del proceso a prueba (probation). Y elaboró el Programa Nacional de Mediación, como técnica alternativa de resolución de conflictos y los anteproyectos de las leyes de reforma de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

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